El pasado 17 de octubre pasó a la historia como el día en que un país del G7 legalizaba la producción, venta y consumo de marihuana medicinal y recreacional. El primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió como candidato la legalización y le cumplió a sus electores. No importaron las posiciones contrarias de otras potencias mundiales, tampoco las de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que señaló que estaban incumpliendo las obligaciones de los “estados adscritos bajo el marco legal internacional de control de drogas”.

Las imágenes mostraban colas de cientos de personas al frente de tiendas autorizadas por el gobierno canadiense para vender marihuana. Y luego una fumatón donde una nube blanca flotaba sobre las cabezas de los consumidores de cannabis, mientras ondeaban la bandera roja y blanca de Canadá, pero en vez de la hoja de arce que lleva en el medio, tenía la de la hoja de cáñamo. Además, varios locales anunciaron que se les agotó la mercancía y que en una semana tendrían más.

Muchos vieron esto y pensaron que Canadá se enmarihuanó. Que ese país tan desarrollado y conocido por su amabilidad y buenas maneras se echó perder. Como si hubieran pillado al más inteligente y aplicado del salón con un porro prendido en la boca. Pero no es más que la escandalosa novedad. Al día siguiente las colas eran menos, por lo que los medios de comunicación perdieron interés y hoy, seguramente, ni filas habrá para comprarse su maracachafa. Es como cuando sale a la venta un producto Apple: todos los años vemos el lanzamiento del nuevo iPhone y el gentío que se arremolina en las tiendas para comprar el nuevo juguete tecnológico. Días después la novedad pierde interés.

La decisión Trudeau no es más que una consecuencia de la realidad de su país. Canadá es líder en la industria canábica del mundo. Unas 140 empresas dedicadas a este rubro cotizan en la bolsa de valores canadiense con inversiones cercanas a los 48 mil millones de dólares. Y para el 2025 este negocio moverá 12 mil millones de dólares anuales solo en Canadá, según Vivian Ayer, analista de la empresa estadounidense Cowen, que se especializa en servicio financieros. 
Los detractores de estas medidas, sin embargo, señalan que la legalización de la marihuana es el camino más directo a convertir a una nación en un narcoestado. Holanda, que desde 1976 tiene leyes de tolerancia hacia el consumo de esta sustancia, encendió sus alarmas a comienzos de este año cuando la Asociación de la Policía Holandesa envió al Parlamento un informe en el que, practicamente, alegaban que la mafia se había tomado las calles. Y en el caso de Uruguay, primer país desarrollado en legalizar el consumo recreacional de la marihuana, se incrementaron los homicidios (en los primeros seis meses se registraron 215 frente a los 131 en el mismo periodo del año anterior), muchos relacionados con el narcotráfico. 

Pero detrás de estos escándalos se supo que, en el caso holandés, la criminalidad disminuyó en un 25% con respecto al año anterior. La cifra la dio el ministerio de Justicia ante los reclamos de la Policía, que emitió ese informe exagerado porque le habían rebajado los recursos. Además, el problema de las drogas en Holanda no pasa por la marihuana sino por las drogas sintéticas en las que se han vuelto expertos fabricantes y exportadores.

Por su parte, las autoridades uruguayas explicaron en el Observatorio Latinoamericano para la Investigación en Política Criminal que preveían un aumento en la violencia tras la legalización del cannabis. “Cuando tanto dinero pasa en tan poco tiempo al mercado legal, alguien recibe el golpe”, indicó Marcos Baudean, investigador de la Universidad privada ORT. Agregó que los traficantes de marihuana paraguayos y brasileños ganaban unos 40 millones de dólares al año en Uruguay, pero con las nuevas leyes unos 10 millones pasaron al sector legal de la economía.

A pesar de lo anterior, Montevideo (capital de Uruguay) es la ciudad con la mejor calidad de vida en Latinoamérica, de acuerdo con el reporte anual de la consultora internacional Mercer. Y el Sindicato Médico de Uruguay publicó que este año se invirtieron 100 millones de dólares solo en proyectos de plantaciones medicinales de cannabis. Una cifra nada despreciable para un país de 3.4 millones de habitantes y que tiene más vacas que gente.

Ni a Holanda ni a Uruguay ni a Canadá los han metido en una lista negra, les han cerrado sus fronteras o sancionado comercialmente. Tampoco son narcoestados, si eso es lo que más tememos. Colombia debería revisar estos casos y repensar sus políticas de prohibición que ya incluyen hasta el decomiso de pomadas y cremas elaboradas con cannabis marihuana. Ya va siendo hora de dejar de criminalizar el humo y concretarlo como oportunidad de negocio.

Este articulo fue publicado originalmente en LaPatria.com